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Uno
de los problemas sociales más apremiantes en México
es el incremento en los niveles de inseguridad
ciudadana, así como la percepción de que las
instituciones encargadas de combatir la
delincuencia y procurar e impartir justicia no han
estado a la altura del desafío. En el país se ha
registrado desánimo ante el estancamiento en el
Congreso Nacional de las diversas iniciativas para
transformar y reformar el sistema penal mexicano,
impidiendo que se discutan a fondo las necesidades
y las propuestas para mejorar a nuestras
instituciones. Sin embargo, en los últimos años
el Centro de Investigación para el Desarrollo
(CIDAC) ha detectado importantes transformaciones
en las instituciones penales en el ámbito local
en diversas regiones del país y pensó que era
fundamental vincular y hacer visibles estos
esfuerzos y estas experiencias, así como dar a
conocer a la sociedad mexicana, que en el ámbito
de competencia local (donde se atiende 95% de los
incidentes delictivos reportados), se están dando
cambios y resultados fundamentales de los que es
posible obtener aliento y lecciones útiles para
una reforma nacional. Esta es la motivación
central de esta red de investigaciones.
¿Qué es la Red de
Justicia?
Es
un proyecto académico que reúne a destacados
profesionales de 12 instituciones distintas que
tienen interés por el análisis de las reformas
penales en el ámbito local. Estos profesionales
comparten sus investigaciones e intercambian
experiencias para obtener un mejor conocimiento
sobre la reforma penal comparada. De los trabajos
de la red se tienen interesantes resultados de los
que se pueden obtener importantes aportaciones
para el desarrollo de las instituciones penales
del país. En esta primera etapa del proyecto se
están analizando los procesos de reforma penal en
9 estados: Aguascalientes, Baja California,
Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca,
Querétaro y Zacatecas.
Este
proyecto ha sido posible gracias al apoyo de la
Fundación William y Flora Hewlett que así da
continuidad a su patrocinio de espacios de
coincidencia y sinergia para proyectos de
investigación sobre temas de seguridad ciudadana
y justicia penal, pues hace ya seis años apoyó
la conformación de una red de investigadores en
la materia que reunió a más de 40 profesionales
y fue punto de origen para muchos proyectos en
marcha. Ese esfuerzo fue coordinado Por el Centro de Estudios México-Estados
Unidos de la Universidad de California en San
Diego. Esta Red de justicia tiene como sede al
Centro
de Investigación para el Desarrollo
(CIDAC) y se beneficia con la intensa participación
del Instituto de Estudios Transfronterizos de la
Universidad de San Diego, que patrocina los
estudios de la Red en Baja California y Chihuahua.
La
Red busca tener
una representación equilibrada de todas las
regiones del país, por esta razón se han
incluido estados en
los que se encuentran en marcha procesos de
discusión de reformas en materia penal,
destacando los casos de Coahuila y Nuevo León en
los que ya se han aprobado reformas y están en la
etapa de plena instrumentación. La Red también
considera entidades
en las que actualmente se integran iniciativas y
se discuten proyectos de reforma tales como:
Chihuahua y Oaxaca
(donde ya se han presentado a los congresos
locales iniciativas de reformas), así como
Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas. También se
han incluido estados en los que si bien se han
instrumentado programas y políticas en materia de
seguridad jurídica, no se ha integrado un proceso
de reforma amplio (como en Baja California), o
bien éste no fue aprobado (como en Querétaro).
¿Cómo opera la Red? Sus miembros están realizando reportes con estructuras homogéneas
(para facilitar el análisis comparado) sobre las
reformas en sus estados y se reúnen en seminarios
para presentar avances e intercambiar
experiencias. En marzo y abril de 2006 aparecerán
los primeros tres reportes concluidos: Jalisco,
Oaxaca y Coahuila. Cuando aparezcan los reportes
restantes se reunirán en una obra colectiva con
un estudio introductorio que presente un análisis
comparado. El 5 de diciembre de 2005 en la Ciudad
de México se presentaron los avances de los
reportes regionales. El provechoso intercambio
entre los miembros de la red ha dado origen a
diversas actividades como invitaciones a sus
miembros a participar en eventos académicos en
diversas regiones. En octubre de 2005 y enero de
2006 algunos miembros de la red
recibieron invitaciones para participar en
eventos en Monterrey, Nuevo León; el Instituto de Estudios Transfronterizos de la Universidad de San Diego
convoco a un evento sobre el Estado de derecho en
la frontera México-Estados Unidos, donde se
presentaron los avances de los reportes de Baja
California, Coahuila y Chihuahua. Hay invitación
para realizar en las próximas semanas eventos en
Mexicali, Baja California y Oaxaca.
Entre
los principales resultados esperados de este
proyecto se pueden referir:
-
La formalización de la Red.
-
Conformación y actualización del registro de Investigaciones sobre
Reformas Penales en México, así como
directorio de instituciones e investigadores.
-
Conformación de un seminario permanente (virtual), entre los miembros
de la Red.
-
Desarrollo del sitio en Internet del proyecto en www.cidac.org
-
Elaboración y retroalimentación de los reportes regionales sobre
reformas penales locales.
-
Realización de estudios comparados, recuento de mejores prácticas,
recomendaciones de políticas, temas críticos
detectados durante los trabajos de la red,
lecciones aprendidas.
-
Producción de una base de datos.
-
Publicación de una obra colectiva donde se reúnan todos los trabajos.
Son
miembros de la red:
-
Aarón Castillo (proyecto
Aguascalientes), coordinador del programa de derecho de la Universidad Bonaterra de
Aguascalientes y ha dado seguimiento al
proceso de reforma en ese estado.
-
Alejandra
Ríos Cázares,
Coordinación del Proyecto sobre la Reforma a
la Administración de Justicia, UCSD y
profesional del Instituto Transfronterizo de
la Universidad de San Diego.
-
Alejandro
Ponce de León (proyecto Nuevo León), abogado
postulante, fue director de Institución
Renace, dedicada a la selección de casos para
brindar defensa legal y al tratamiento de
imputados de bajos recursos. Impulsor de la
iniciativa ciudadana de reforma penal integral
en Nuevo León, actualmente consultor de
Proderecho..
-
Antonio
Berchelmann
(proyecto Coahuila), abogado y tratadista de
Derecho Penal. Con
una larga trayectoria como legislador y
magistrado penal, impulsor de reformas
pioneras tanto en la introducción de salidas
alternas, como en incorporar elementos del
sistema acusatorio en el sistema penal.
-
Enrique Ramírez Martínez (proyecto
Querétaro), Juez tercero de lo penal en Querétaro, ha publicado artículos y
ensayos en revistas especializadas. Como
Director Jurídico del Tribunal de Querétaro
participó en la integración del paquete de
reformas propuesto en esa entidad.
-
Daniel
Solorio Ramírez
(proyecto Baja California), académico de
la UABC y asesor externo del Congreso del
Estado de Baja California. Ex director de la
facultad de derecho y ex
Abogado General de la propia UABC.
-
David Shirk,
Director del Instituto
Transfronterizo de la Universidad de San
Diego, Doctor
en Ciencia Política, como académico de la
Universidad de California en San Diego, donde
coordinó la red de investigadores en temas de
seguridad, justicia, prisiones y derechos
humanos en México.
-
Edna Jaime,
directora del Centro de Investigación para el
Desarrollo, sede de la Red de Justicia y
autora o coautora de una decena de libros del
CIDAC.
-
Guillermo Zepeda,
Profesional asociado del CIDAC, coordinador
del proyecto, especialista en temas de
seguridad ciudadana y justicia penal.
-
Heliodoro Araiza
(proyecto Chihuahua), Académico en posgrados
de la Universidad Autónoma de Chihuahua,
Maestro en Ciencias Penales por el INACIPE con
amplia trayectoria docente y como miembro de
la judicatura en el Distrito Federal y en
Chihuahua .
-
Jorge
Gabriel Lugo Reyes (proyecto Chihuahua), con carrera judicial
en el Supremo Tribunal de Justicia de
Chihuahua, Maestro en Derecho Penal y académico
universitario.
-
Luis David Ortiz Salinas
(Proyecto Nuevo León), Subprocurador Jurídico,
Procuraduría General de Justicia, participó
en la comisión encargada de la consulta pública
e integración de la propuesta re reformas en
Nuevo León, ha realizado análisis de la
instrumentación y seguimiento de la reforma.
-
Luis
Efrén Ríos Vega (proyecto Coahuila),
Profesor y académico especializado en materia
penal, particular y profundamente en temas del
derecho procesal penal, ha publicado en
revistas especializadas. Ha ocupado cargos en
la academia, en la judicatura y en el poder
ejecutivo en Coahuila.
-
Marcos Pablo Moloeznik (proyecto
Jalisco), Doctor en Ciencia Política, miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, reconocido especialista
internacional en temas de seguridad nacional,
crimen organizado y derechos humanos. Profesor
de la Universidad de Guadalajara.
-
María
Candelaria Pelayo (proyecto
Baja California), académica de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Baja California, especialista en
temas de Derecho Penal.
-
Omar
Williams López Ovalle (proyecto
Zacatecas), Presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos en Aguascalientes. Como
consultor participó en el seguimiento de las
reformas penales en Zacatecas y
Aguascalientes. Presidente de la Barra
Mexicana Colegio de Abogados.
-
Rubén
Vasconcelos (proyecto Oaxaca), Doctor en derecho por la Universidad Complutense de
Madrid, autor de artículos y ensayos
publicados en revistas especializadas. Se ha
especializado en temas de justicia penal,
menores infractores y derechos humanos. Dirige
el Consejo de Menores de Oaxaca.
Guillermo
Zepeda y
Gerardo Moloeznik, CIDAC
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