• El argumento técnico apunta que poseemos una policía poco profesionalizada, que cada vez se ve envuelta en más labores para las cuales no cuenta con las habilidades y capacitación necesaria. Esta es quizá nuestra mayor lacra como sociedad: no hemos podido construir una policía profesional, a ningún nivel, capaz de velar por la seguridad e integridad de la población y del país.

• El administrativo, evidencia las fallas sistemáticas en la aplicación de la ley y la corrupción que permea distintas instancias del gobierno capitalino que permiten funcionar negocios en inmuebles sin las mínimas condiciones de seguridad para sus usuarios.

• En el control de daños, la destitución de alrededor de 22 funcionarios medios (entre ellos policías y empleados de la delegación) ha sido acompañada de averiguaciones por parte de la Procuraduría del DF y la Comisión de Derechos Humanos capitalina así como con la creación de una Comisión de investigación dentro de la Asamblea Legislativa local. También se ha puesto en marcha un mecanismo para indemnizar a los afectados por el operativo.

• El pragmático: El Jefe de gobierno aceptó la renuncia del delegado de la Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, pero no removerá al secretario de Seguridad Pública Joel Ortega. En un entorno enrarecido por la inseguridad pública y con pocos elementos profesionales es complicado tener sustitutos incluso remotamente a la altura de los problemas que enfrenta la ciudad. Con esta lógica, Ebrard se enfrenta desde la izquierda a la disyuntiva de remover o no a un funcionario a su cargo por acción u omisión. En el fondo, todas estas acciones revelan no un interés por mejorar a las policías, resolver el caso particular o responder con transparencia a la población, sino una interminable serie de cálculos políticos. Todo es política: las víctimas, la ciudadanía o el desarrollo son siempre secundarios si no es que irrelevantes.

• El político: El Jefe de gobierno está consciente de las posibles implicaciones que un incidente de esta magnitud puede tener sobre su futuro político. Esto obliga a la administración capitalina a repensar su estrategia de poner en marcha operativos que buscan controlar la venta de alcohol a menores de edad. No menos relevante es el actuar del Presidente, quien ha optado por tratar de ignorar el tema, suponiendo que los problemas de otros no son suyos.

• El social: una vez más un suceso desafortunado nos alerta sobre la realidad del mal uso y abuso de la fuerza pública al interactuar con la sociedad en México.

Entre las principales reformas aprobadas por los legisladores en el periodo extraordinario de sesiones se encuentran:

• Cambio del formato del Informe y viajes al extranjero: el Presidente podrá abstenerse de acudir personalmente a presentar su Informe anual ante el Congreso cada 1º de septiembre si el documento logra la aprobación de las legislaturas estatales. Así mismo, el Presidente podrá ausentarse de territorio nacional hasta por 7 días sin permiso del Congreso. Esto cambia la dinámica de las relaciones Ejecutivo-Legislativo, pero permite darle funcionalidad y agilidad a procesos que simplemente complicaban la toma de decisiones y desgastaban la imagen de ambos actores.

• Más facultades de fiscalización al IFE: Se aprobaron cambios sustantivos al Código Fiscal de la Federación y a la Ley de Instituciones de Crédito, que permiten al IFE dejar de lado las limitaciones impuestas por el secreto bancario, fiscal y fiduciario para revisar a cabalidad las finanzas de los partidos políticos. Esto sin duda es un avance en las facultades de fiscalización del Instituto y en la apertura de los recursos que reciben los partidos políticos para financiar sus campañas.

• Nuevos consejeros del IFE: Se aprobó la terna de consejeros que iniciarán funciones en agosto próximo: María Macarita Elizondo Gasperín, Alfredo Figueroa Fernández y Francisco Javier Guerrero Aguirre. A pesar de que algunas de estas son personas de experiencia y capacidad, no queda duda que nuevamente las cuotas partidistas y el juego de vetos fueron fundamentales en las negociaciones que culminaron con estos nombramientos, aspecto que debilita aún más la credibilidad del Instituto.

Por falta de operación política y construcción de acuerdos entre las fuerzas partidistas en el Congreso quedaron fuera de la discusión temas cruciales que se habían contemplado como la “iniciativa preferente”, “el veto de bolsillo” y las modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión, entre otros. Aunque no fue poco lo logrado, los resultados muestran que, para variar, se concluyó con los temas que no era posible postergar pero, con excepciones, no se construyó nada nuevo que realmente constituyera un cambio sustantivo en la política nacional.