Los acontecimientos se prestan para elaboradas conjeturas, pero la realidad podría ser más simple: una pandilla reclutada por narcotraficantes se convierte en una fuerza con capacidad de fuego. Por vía de un mecanismo de subcontratación, grupos que antes atemorizaban vecindarios, se ha convertido en una fuerzas capaces de poner de cabeza no sólo a una ciudad, sino al Gobierno de Chihuahua y al propio Gobierno Federal. Sin embargo, no lo han hecho disparando sistemáticamente contra policía o ejercito.

No se puede menospreciar el esfuerzo de quienes integran las fuerzas del orden, pero basta observar su número de bajas para entender que no se encuentran en el centro del conflicto. Quienes mueren son un número indeterminado de civiles –que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado– y de individuos presuntamente involucrados en actividades criminales (sicarios y narcomenudistas).

Más que una guerra entre las fuerzas del orden y el crimen organizado, lo que ocurre en Ciudad Juárez –y en otras ciudades– es una batalla civil en la que cientos de miles de ciudadanos han quedado atrapados en medio; y en la que el papel del Estado mexicano se ha reducido a revelarse, una y otra vez, como una fuerza inefectiva que no puede detener a las nuevas fuerzas con poder de fuego que se pasean a su antojo.

La incapacidad para resolver el problema en Juárez, donde se han ya probado tres estrategias distintas, pone de manifiesto vicios de origen (llamar guerra a algo que no lo es, condenándose a si mismos a la derrota) y sistemáticos en la operación: excesos y violaciones que minan la autoridad de las fuerzas del orden; carencias en la investigación y procesos que culminan en la liberación de inocentes, o bien de presuntos delincuentes; y la justificación de que toda ejecución corresponde a un “ajuste de cuentas”, negando así la responsabilidad de ejercer justicia.

Lo que ocurre en Juárez, es un problema de seguridad pública frente al que no hay una respuesta fácil y frente al que se necesitan nuevas soluciones. Quizá prefieran parecer valientes y heroicos antes que simplemente impotentes. Pero la realidad se empeña en desmentirlos.

En el ámbito de la reforma política, el PRD podría acompañar al PAN en el Senado –incorporando elementos de interés común como reformas de carácter electoral. El PRI por su parte pondrá sus propuestas en la mesa para no aislarse de la discusión y evitar cargar con el costo en las urnas de hacer valer su mayoría en la Cámara de Diputados. El resultado bien podría ser una reforma que ni favorezca la gobernabilidad, ni transfiera mayor poder a los ciudadanos.

En lo fiscal el PRI, PAN y PRD se han manifestado a favor de crear un nuevo modelo que fortalezca las finanzas públicas. Mucho se ha hablado en torno a una propuesta que incluya un IVA generalizado(exentando algunos productos), pero de menor tasa, así como la reducción de exenciones fiscales. Si bien las elecciones también presentan un terreno propicio para tirar la iniciativa, los incentivos están mejor alineados, tanto por el apetito de recursos de los gobernadores priístas, como porque al PRD le es más costoso culpar a su nuevo aliado el PAN.

Finalmente en lo laboral, se puede esperar reformas que flexibilicen el mercado laboral. Sin embargo, los temas de democratización de la vida sindical y transparencia en el uso de sus recursos seguirán siendo un pendiente ante la presión que los sindicatos pueden ejercer en sus respectivas cúpulas partidistas o aliados electorales de cara a los comicios de 2010.